Sustancia económica 2027 | Temas destacados de nuestro webinar

La entrada en vigor del nuevo régimen de sustancia económica, prevista para los períodos fiscales que comiencen a partir del 1 de enero de 2027, ha llevado a muchos grupos empresariales a revisar sus estructuras en Panamá. ¿Qué entidades están comprendidas? ¿Cómo se demuestra que una actividad se realiza efectivamente en el país? ¿Qué ocurre cuando una misma estructura recibe ingresos de distinta naturaleza?

Estas fueron algunas de las preguntas abordadas en nuestro webinar del 21 de octubre, con Carolina Castillo G., directora del Departamento Corporativo de Cedeño & Méndez, y Gerardo Herrera Martínez, abogado especialista en Derecho Tributario y presidente de IFA Panamá. Más allá de explicar los requisitos de la Ley 526 de 28 de mayo de 2026 y el Decreto Ejecutivo 32 de 2 de septiembre de 2026, la sesión permitió examinar situaciones concretas y asuntos interpretativos que merecen seguimiento.

Las fundaciones patrimoniales también pueden requerir un análisis

Gerardo llamó la atención sobre estructuras que suelen utilizarse para administrar patrimonio familiar y que no desarrollan una actividad comercial tradicional. Una fundación de interés privado, por ejemplo, puede mantener participaciones en sociedades de otros países o recibir rentas pasivas del exterior.

Su tratamiento no depende únicamente del nombre o de la finalidad patrimonial de la entidad. Es necesario examinar si concurren las condiciones que establece la ley: una entidad comprendida en Panamá, vínculos con un grupo multinacional y determinadas rentas pasivas de fuente extranjera.

La revisión de una estructura patrimonial exige conocer cómo está organizada, qué entidades controla y de dónde proceden sus ingresos.

Cada tipo de renta merece una revisión propia

Durante la sesión, Gerardo insistió en la importancia de clasificar correctamente las rentas. Una entidad puede recibir dividendos locales, dividendos del exterior, intereses, regalías o rentas inmobiliarias; esas operaciones no siempre reciben el mismo tratamiento.

También explicó que es necesario diferenciar el ingreso por arrendamiento de un inmueble de la ganancia obtenida por su venta. En los grupos con distintos activos y actividades, el análisis debe hacerse por entidad y por naturaleza de ingreso, atendiendo a los requisitos legales aplicables.

La prueba de sustancia va más allá de tener una oficina

Las decisiones estratégicas, la dirección efectiva de las actividades, el personal y los recursos utilizados deben poder comprobarse. Gerardo precisó que la reglamentación admite documentación física y digital para determinados registros, siempre que exista respaldo verificable y que la información exigible se encuentre disponible en Panamá.

Otro punto importante fue la consolidación de estados financieros. La ley utiliza la expresión «consoliden o deban consolidar». Según explicó el especialista, el hecho de no contar con estados financieros consolidados no descarta que, conforme a las normas contables pertinentes, un grupo haya debido prepararlos. La evaluación del control y de los vínculos entre entidades requiere revisar la situación real.

Hay asuntos tributarios que todavía deben aclararse

Uno de los intercambios más técnicos se centró en las rentas de ciertos activos intangibles. El cálculo proporcional previsto por la normativa considera los gastos vinculados con su creación o mejora, los costos de adquisición y otros componentes que deben atribuirse correctamente.

Gerardo identificó una incertidumbre interpretativa sobre el posible tratamiento del remanente de renta cuando una entidad cumple las condiciones para ser calificada, pero el cálculo proporcional no comprende la totalidad de su ingreso. Ante situaciones que requieren certeza, sugirió evaluar consultas formales ante la Dirección General de Ingresos. Es importante distinguir estas observaciones del especialista de un criterio administrativo ya definido.

Qué revisar antes de 2027

La preparación comienza con un inventario de entidades, vínculos de control e ingresos; continúa con la revisión de contratos, registros contables, decisiones corporativas y documentación sobre las actividades desarrolladas en Panamá. Las empresas que tercerizan determinadas funciones también deben examinar los contratos y los mecanismos de supervisión correspondientes.

La Ley 526 prevé, bajo los supuestos establecidos, una tarifa excepcional de 15% sobre determinadas rentas netas gravables de fuente extranjera de entidades no calificadas. El alcance de esta consecuencia debe evaluarse caso por caso.

Sin duda alguna, este tema destaca la relevancia de la revisión corporativa, contable y tributaria de las entidades. En Cedeño & Méndez acompañamos ese análisis para que cada estructura pueda identificar sus obligaciones y preparar la evidencia que necesitará desde el inicio del próximo período fiscal.